Las propuestas de retrasar la edad de la jubilación de los 65 a los 67 años no van a resolver los problemas que el sistema público de pensiones pueda padecer dentro de dos décadas, por lo que las soluciones, que deberán estar respaldadas por un amplio consenso político y, sobre todo, social, deberán ir por otro camino.
El factor fundamental para consolidar el sistema es el empleo, el número de personas cotizantes en relación con el número de personas que perciben pensión. En los últimos años, en los que ha aumentado el número de trabajadores y trabajadoras de forma importante gracias al crecimiento económico, a la incorporación de la mujer al mercado laboral y a la aportación de la inmigración, el superávit de la Seguridad Social ha alcanzado cotas históricas. Incluso en 2009, año catastrófico para el empleo, que puede verse superado por el año actual, las cuentas de la Seguridad Social siguieron teniendo un superávit notable.
Ese superávit se ha utilizado para mejorar algunas pensiones, dotar un fondo de reserva para afrontar periodos de crisis, financiar las pensiones no contributivas (que deberían ser abonadas con cargo a los presupuestos generales del Estado), e incluso a poner en marcha la atención a la dependencia (que, igualmente, debería ser financiado por los presupuestos generales). Y ha servido también como argumento al sector empresarial únicamente preocupado por aumentar sus beneficios, hasta hace cuatro meses, para seguir insistiendo machaconamente en que se les rebajen las cotizaciones sociales. ¿Estará ahora dispuesto a que se suban esas cotizaciones?
Insistimos que el problema no es el envejecimiento de la población (la tasa de natalidad ha aumentado también gracias al aporte de las personas que vienen de fuera de nuestras fronteras) sino el de poder crear puestos de trabajo para los cerca de 5 millones de parados y paradas que habrá a lo largo de 2010, para permitir que la tasa de actividad femenina se iguale a la masculina (aún por debajo), y para poder colocar a los cientos de miles de personas inmigrantes que querrán poder sobrevivir en España.
Con este panorama no es serio plantear que los trabajadores y las trabajadoras aguanten otros dos años trabajando, muchos en empleos penosos, mientras nuestros jóvenes no pueden encontrar un empleo, o miles de personas (y ha habido situaciones escandalosas por todos conocidas, algunas propiciadas por los distintos gobiernos) se prejubilen con poco más de cincuenta años.
¿Tendrá que haber ajustes en el sistema? Por supuesto, siempre deberá haberlos puesto que la situación de la sociedad cambia, pero el Observatorio del Mayor de Navarra – Nafarroako Adinekoen Behatokia considera que no por esta vía.
Pamplona, 21 de Febrero de 2010
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